La nueva legislación permitía obtener licencias de alquiler turístico bajo ciertas condiciones, pero las infracciones estaban sujetas a fuertes multas. Sin embargo, había una moratoria de un año para que el Consejo Insular y los municipios decidieran en qué zonas se podrían alquilar propiedades a los veraneantes, lo que significa que no se emitirían nuevas licencias hasta que se tomara una decisión. En este momento, las propiedades que ya habían sido registradas en el Consejo Insular podían seguir alquilándose normalmente, pero los propietarios de viviendas unifamiliares que habían recibido licencias de alquiler turístico en los últimos años podrían verse afectados si se descubría que no cumplían con ciertos requisitos.